Independencia catalana: imposición o consenso

por Témoris Grecko Julio 6, 2017 7:30 am

"El Estado Español se niega a reconocer el derecho a la autodeterminación, lo cual es aberrante, es un abuso antidemocrático y es autodestructivo", escribe Témoris Grecko.

Por Témoris Grecko

El Brexit nos dio una buena idea de los retos de tomar decisiones de gran calibre como ésa. A favor de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, votó el 51%. En contra, el 49%: justito. Ahora que se empiezan a dar cuenta de lo que implica, probablemente algunos de los que eligieron salir de la UE se arrepienten de la decisión.

¡No todos! ¿Acaso un 10%? Con que un 2% se hubiera arrepentido a tiempo, la historia cambiaría. Pero es demasiado tarde porque el voto ya fue emitido. Y el arrepentimiento nunca les alcanzará.
Es por eso que, cuando se trata de asuntos de relevancia casi ontológica, porque definen el ser y el futuro de un Estado, muchos estudiosos de la ciencia política proponemos el establecimiento de mayorías calificadas y porcentajes mínimos de participación. A veces, también de mecanismos de revalidación.

El 50% + 1 es una mayoría absoluta pero a final de cuentas es relativa, porque se trata sólo de la mayoría de quienes votaron, no de todos los votantes registrados. Por ejemplo, por Peña Nieto –según la versión oficial- votó el 38% del 63% que participó: o sea, menos de la cuarta parte de los electores registrados. Visto al revés: tres cuartas partes del padrón electoral no lo apoyaron.
En cambio, una mayoría calificada puede ser de 55%, o de 60% o de dos tercios (66.67%): pretende asegurar una mayoría tan sólida que su decisión sea inatacable.

Un porcentaje mínimo de participación, que puede ser de la mitad del electorado, busca garantizar la legitimidad de la decisión.

Y los mecanismos de revalidación tratan de proteger contra súbitos cambios del sentir del pueblo o de los legisladores: por ejemplo, lo aprobado en una legislatura tiene que volver a ser discutido y aprobado en la siguiente.

En Catalunya, depende del momento, los favorables a la independencia suelen estar alrededor del 50%: a veces, menos; a veces, más.

Ahora se proponen un reto enorme: llevar a cabo un referéndum para separar a Catalunya del Estado Español, bajo cuyas leyes esto no se puede hacer.

De entrada, los partidos anti-independentistas van a boicotear el proceso. Si una consulta realizada en noviembre de 2014, sobre el mismo tema, nos sirve de referencia, esto puede llevar a una participación de 33% de quienes tendrían derecho a votar. ¿Puede tomar una decisión así la tercera parte del electorado?

En 2014, el 80% de ese 33% se manifestó a favor de formar un Estado independiente: fue el 26% de quienes podían votar. Visto al revés: el 74% no apoyó.

Si todo el mundo quisiera intervenir -y esto no va a pasar-, ¿qué porcentaje sería suficiente para decidir el CatExit? ¿51%?

El Estado Español se niega a reconocer el derecho a la autodeterminación, lo cual es aberrante, es un abuso antidemocrático y es autodestructivo. Pero siendo así, con una participación exigua o una mayoría ínfima, ¿cómo van a generar el movimiento social para imponerse al Estado?

¿Esperan que el 67% que no participe o el 49% que se oponga se quede cruzado de brazos mientras los sacan de España y de la UE?

¿Qué va a pasar cuando se enteren de que, para la Unión Europea -según han afirmado con claridad sus líderes-, salir de España significa también salir del bloque?

¿Qué va a pasar con los municipios y las provincias que tengan claras mayorías en contra del CatExit? Si logran expulsar de Catalunya a las fuerzas del Estado español, ¿qué pasa con Barcelona, por ejemplo? ¿La van a invadir, practicando un 1714 a la inversa?

Si la actitud del Estado español es de imposición, una respuesta contraria igualmente impositiva puede provocar más conflictos de los que pretende resolver. ¿Buscan independizarse a toda costa, pasando sobre la otra mitad, o quieren alcanzar una decisión que realmente represente la voluntad de una mayoría sólida y consistente?

Si es la segunda alternativa, las reglas de participación deben garantizar la construcción de un consenso sólido, con piso de participación y mayorías calificadas (y tal vez, mecanismos de revalidación). Es la forma de evitar querer salir por una puerta falsa, que conduzca a mayores frustraciones, a convertir un conflicto ya largo en una guerra sorda perenne.

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