Fosas, fosas y más fosas

por Jacobo Dayán abril 10, 2017 2:54 pm

"Las hay de todo tipo. Creadas por el crimen organizado o, como es el caso de Morelos, por los propios gobiernos estatales", escribe Jacobo Dayán.

Por Jacobo Dayán

En los diálogos que el Movimiento por la paz con justicia y dignidad llevó a cabo con los candidatos a la presidencia en 2012, Javier Sicilia afirmó que el país es un camposanto. Una mejor descripción sería que el país es una fosa clandestina.

Las denuncias vienen desde hace años, la autoridad no ha hecho su trabajo. Son las propias víctimas las que han estado buscando y rascando la tierra para localizar fosas.

Las hay de todo tipo. Creadas por el crimen organizado o, como es el caso de Morelos, por los propios gobiernos estatales. También hay lugares que han sido utilizados como zonas de extermino, tal es el caso de regiones en Coahuila o Veracruz, donde miles de restos óseos son hallados después de un intento por desaparecer toda evidencia de la barbarie.

Se trata de fenómenos y no de casos aislados. Se trata de una crisis que no está en nuestras mentes, está enterrada y pretende ser desaparecida. La crisis de violencia crece de la mano de la crisis de impunidad y simulación que tampoco están solo en nuestras mentes.

La CNDH presentó, con cifras oficiales, un informe especial sobre desapariciones y fosas clandestinas en el país. Para el ejecutivo la cifra oficial de alrededor de 30 mil personas desaparecidas, que seguramente queda muy corta según los registros de los colectivos de víctimas de todo el país, no representa una crisis y un profundo problema que debe ser atendido en calidad de urgencia según las recomendaciones internacionales.

El informe de la CNDH nos habla de un problema serio, los registros nacionales no son fiables dado el absoluto descontrol, intencionado o no, en la forma en que se reporta y catalogan los casos. Tampoco queda claro en qué casos hay participación de agentes del Estado. Desde hace años se viene hablando de la necesidad de tener una base de datos nacional confiable de personas desaparecidas para poder identificar los perfiles de ADN que se obtengan de las muestras de los restos encontrados en fosas de todo el país. La respuesta ha sido sí pero nunca hemos sabido cuándo estará lista. La omisión es criminal e inhumana. El Estado debe tener presupuesto, capacidades y credibilidad para poder realizar los trabajos que se requieren. En los 3 rubros hay un fuerte déficit.

De no ser por los colectivos de víctimas las fosas seguirían no identificadas, el Estado mexicano es un espectador ausente. Las cifras presentadas por la CNDH son solo un referente, un cálculo mínimo, ya que el subregistro y la falta de información abundan. Tendríamos que partir de que cuando menos hay 855 fosas clandestinas reconocidas, algunas como la de Tetelcingo, Morelos, con 119 cuerpos; o la de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, con al menos 250. Adicionalmente se tienen zonas donde se extermina y desaparecen cuerpos dejando solo restos óseos, decenas de miles de ellos, como son los casos de Patrocinio o San Antonio de Gurza en Coahuila y el Rancho El limón en Veracruz, solo por mencionar algunos.

En los casos en que las fosas fueron creadas por los gobiernos estatales ha quedado en evidencia la falta de investigación y estándares internacionales en el manejo y registro de restos humanos, llegando al extremo como lo vemos en estos días en Jojutla, Morelos en que hay cadáveres atados de manos, con cinta en la cabeza y sin ninguna carpeta de investigación. En la misma fosa aparecen muchos más cuerpos de los que la fiscalía estatal afirma haber inhumado.

Todo esto es una más de las crisis que el presidente Peña Nieto afirma que solo está en nuestra mente, evidentemente en la de él no lo está ya que la decisión ha sido no hablar del asunto ni tomar medidas concretas para abatir la impunidad y resolver uno de los grandes pendientes del país.

Retomo las palabras del presidente de la CNDH, Luis Raúl Gonzáles Pérez, al presentar su informe anual de actividades hace unos días: “La corrupción, la impunidad, y la falta de una efectiva rendición de cuentas, hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones. Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.

La mayor crisis es la crisis de ética, esa tampoco está solo en nuestras mentes.

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