Morirse es “pasar un mal rato”, según Ruiz Esparza

por Araceli Damián Julio 17, 2017 8:06 am

"Cada víctima fue “valuada” por el gobierno en 500 mil pesos, monto menor al ingreso que perciben al mes los magistrados de la Suprema Corte. De ese tamaño es el desprecio del gobierno hacia la vida de los ciudadanos", escribe Araceli Damián.

Por Araceli Damián

Juan Mena López y Juan Mena Ramos, padre e hijo de 56 y 33 años de edad, respectivamente, murieron un día como cualquier otro, de camino al trabajo; algo se les cruzó en el paso exprés de Cuernavaca. Pero no fue la mala suerte lo que se les cruzó sino la corrupción, la negligencia y el desdén de las autoridades.

La estupidez política con la que Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT) ha manejado esta desventura es mayúscula, no sólo atribuyó a las lluvias y a las personas que tiran basura la aparición del socavón, sino que, en medio del dolor de la familia, dio a conocer que los deudos aceptaron una indemnización de un millón de pesos, cantidad que, según palabras de Ruiz Esparza, se les otorgó “por el mal rato que pasaron”.

La brutal insensibilidad del Secretario se desnuda cuando comparamos esta cifra con su salario. Oficialmente gana un poco más de 200 mil pesos al mes, le bastan tan sólo cinco meses para ganar lo que el gobierno otorga por indemnización por la pérdida de dos vidas humanas. Cada víctima fue “valuada” por el gobierno en 500 mil pesos, monto menor al ingreso que perciben al mes los magistrados de la Suprema Corte. De ese tamaño es el desprecio del gobierno hacia la vida de los ciudadanos.

Por otra parte, al dar a conocer la cifra aceptada por la familia, se violó su derecho a hacerla pública. Cabe destacar que el otorgamiento de una indemnización no exime al gobierno federal de investigar las causas de la tragedia y fincar responsabilidades, tampoco de su responsabilidad de apoyar a la familia de acuerdo con lo que establece la Ley General de Víctimas.
Sin lugar a dudas, el sinvergüenza de Ruiz Esparza debe renunciar. No basta con haber destituido al delegado de la SCT en Morelos, existen suficientes pruebas para presentar cargos por negligencia y corrupción, no sólo contra funcionarios públicos, sino contra los responsables del consorcio constructor del paso exprés, integrado por la empresa Aldesem, del grupo español Aldesa, cuyo auge en México fue espectacular durante el gobierno de Felipe Calderón, y Epccor, empresa mexicana cuyos dueños también recibieron trato especial en ese sexenio y que participaron en la construcción del mega fraude de la Estela de Luz, cuyo costo se elevó 192%.

Según información periodística, Epccor pertenece a la familia de Juan Diego Gutiérrez Cortina, cuyas empresas han sido favorecidas con contratos millonarios desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Su empresa GUTSA, inhabilitada en el sexenio de Calderón, fue la responsable de la construcción de la desastrosa y deficiente obra de la Autopista del Sol. Es decir, es el mismo dueño cuya empresa entregó una de las obras de infraestructura carretera más mal diseñada y construida en la historia de México, que cobra vidas y que la entregó a sobre precio, ya que el costo final de la Autopista del Sol fue 275% del originalmente aprobado.

Ruiz Esparza no puede pretender ignorar que desconocía el pésimo trabajo realizado por las empresas de Gutiérrez Cortina, porque en 2013 tuvo que anunciar que la autopista del Sol había tenido 14 cortes graves, deslaves y derrumbes de dos importantes túneles debido, según sus palabras a “lluvias atípicas,” pero en los hechos la gravedad del daño se debió a los errores en la construcción.

El accidente ocurrido en el paso exprés de Cuernavaca desnuda el lamentable maridaje entre empresarios corruptos y funcionarios corruptos, que no sólo daña seriamente las finanzas públicas y el funcionamiento de la economía y la vida cotidiana, sino que cobra vidas.

Lo sorprendente es que, a pesar de las constantes muestras de la ineficacia y de la profunda crisis de gobernabilidad en el país, una parte de la sociedad mexicana continúa votando por el PRI y sus aliados, como ocurrió en el Estado de México. Tampoco es muy claro por qué la población no toma conciencia de que la supuesta alternancia resultó ser lo mismo, los gobiernos del PAN fueron igualmente negligentes, corruptos y privó la impunidad. No se quedan fuera de este círculo algunos de los que, a través del PRD, han llegado al poder y tienen ahora las mismas prácticas que el PRI: mediocridad, cinismo, extendida corrupción, abuso de poder y constantes injusticias cometidas contra los ciudadanos comunes por parte de todos los órganos de gobierno.

La utopía neoliberal, en la que el libre mercado optimiza el uso de recursos, reduce los espacios de corrupción y permite que las empresas más eficientes triunfen sobre las más ineficientes, se topa con la realidad mexicana. Esta utopía no sólo es falsa, sino que resulta más dañina cuando el gobierno lo encabezan servidores públicos faltos de miras, inmorales y corruptos. El mantra neoliberal que sentencia que la ineficiencia y la corrupción es privativa de las empresas estatales ha resultado también falsa. Las empresas privadas pueden serlo, tanto o más, que el gobierno.

El gobierno priísta y sus empresarios aliados están atrapados en el entramado de corrupción e ineficiencia. Si Peña tiene aún tiene un atisbo de consideración en torno a los reclamos y la indignación de la sociedad tendría que despedir a Ruiz Esparza. Son equiparables las muertes provocadas por negligencia y las que ocurren a manos de la delincuencia organizada o de criminales comunes. La Ley General de Víctimas, en su artículo 40 lo establece muy claro “serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, de las entidades federativas o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de … negligencia … por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima”.

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