Una nueva constitución para un nuevo régimen político | Artículo

por Rogelio Muñiz Toledo febrero 1, 2020 11:32 am

Transformar el régimen político y cambiar el modelo de desarrollo solo será posible si esto es producto de un consenso constitucional construido mediante un gran acuerdo nacional.

 

Rogelio Muñiz Toledo

“He hablado desde hace 40 años de la nueva Constitución, porque desde entonces ya se necesitaba”: Porfirio Muñoz Ledo *

El presidente López Obrador dijo hace un año, en el centésimo segundo aniversario de la Constitución de 1917, que a la Cuarta Transformación correspondería una nueva constitución, pero que ahora no hay condiciones para eso porque hay otras tareas más importantes para su gobierno. Sin embargo, en noviembre del año pasado el diputado Porfirio Muñoz Ledo se pronunció por iniciar los trabajos para ir a un proceso constituyente en 2020. En la víspera del centésimo tercer aniversario de la Constitución Federal, la evidencia de que tarde o temprano será necesario ir a un constituyente para aprobar una nueva constitución, se ha incrementado.

Coincido con Muñoz Ledo en que el proceso constituyente debiera iniciar este año. En primer lugar, porque las reformas constitucionales necesarias para el cambio de régimen, y la reingeniería constitucional para su consolidación, no se agotan con la agenda política del presidente de la República y su Cuarta Transformación, la agenda del cambio político y los nuevos contenidos de la constitución debieran surgir de un debate nacional plural e incluyente; en segundo lugar, porque un cambio de régimen que dé paso a un constitucionalismo garantista y a un Estado social requiere de un consenso constitucional que sea producto de un nuevo pacto social, imposible de lograr mediante un acuerdo político entre el gobierno y las oposiciones; y, en tercer lugar, porque el cambio de régimen no podrá lograrse sin una nueva constitución que refleje los elementos del nuevo régimen.

El hecho de que durante el primer año del gobierno del presidente López Obrador la agenda del cambio político no haya sido consensada con todas las fuerzas políticas y con la sociedad, ha dado como resultado que los procesos de cambio del régimen y de reforma constitucional hayan tenido resultados muy limitados.

La estrategia del presidente de la República y de la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión para transformar el régimen y para lograr las reformas constitucionales necesarias para el cambio político se ha basado en negociaciones parlamentarias cortoplacistas, con el único objetivo de lograr las mayorías calificadas necesarias para aprobar las reformas que coyunturalmente interesan al gobierno, sin incluir propuestas de la agenda política de las oposiciones y de la sociedad, sin que los cambios sean parte de una propuesta integral de cambio de régimen o de reforma del Estado y sin que las reformas tengan un amplio consenso social.

Pretender que con siete u ocho reformas se tendría, “en los hechos”, una nueva constitución, como lo señaló el presidente de las República en el discurso que pronunció con motivo de su primer año de gobierno, es un despropósito no solo porque para hablar de una nueva constitución sería necesario dar paso a un constitucionalismo garantista y a un Estado social, sino porque de las siete reformas constitucionales aprobadas durante su gobierno, solo la mitad amplían derecho, únicamente una de ellas contiene elementos que podrían orientarse al cambio en el modelo de desarrollo y las otras tres contienen disposiciones regresivas en materia de derechos.

Si a este déficit en el proceso de cambio constitucional impulsado por el presidente López Obrador le sumamos el hecho de que la agenda de reformas constitucionales para el periodo ordinario de sesiones que inicia hoy solo incluye una con contenido social -la que acertadamente busca reconocer el carácter universal del derecho a la salud y el derecho de grupos de atención prioritaria a recibir apoyos sociales del gobierno- y que las otras apuntan hacia una mayor regresividad en materia de derechos o serían contrarreformas que afectarían las reglas de la competencia política y el funcionamiento del régimen democrático, es evidente que mientras la agenda de reformas constitucionales esté basada exclusivamente en el proyecto del Presidente y su Cuarta Transformación, será imposible transitar hacia una nueva constitución.

Transformar el régimen político y cambiar el modelo de desarrollo solo será posible si esto es producto de un consenso constitucional construido mediante un gran acuerdo nacional basado en un debate incluyente. Algo que parece imposible de lograr en el Congreso de la Unión si consideramos que en siete meses estarán iniciando los procesos electorales en todo el país -lo que dificultará aún más la formación de consensos entre el gobierno y las oposiciones- y que las expectativas por el resultado de la elección para renovar la Cámara de Diputados en 2021 harán que las condiciones para negociar reformas constitucionales sean adversas al gobierno, sobre todo si se comete el error de presentar los cambios como la elevación a rango constitucional de la agenda política del Presidente y no como el reconocimiento constitucional de derechos.

Bajo las actuales condiciones de polarización y ante la posibilidad de que el proceso de cambio político tome un rumbo contrario a la ampliación de los derechos políticos, económicos y sociales o de que enfrente resistencias que lo impidan, creo que iniciar los trabajos para abrir un debate nacional sobre la conveniencia de ir a un proceso de cambio constitucional, que concluya con un constituyente que apruebe una nueva constitución, sería la única opción para evitar retrocesos y regresividad en materia de derechos y vencer las resistencias al cambio político.

Las resistencias al proceso constituyente se explican, del lado del gobierno, porque el presidente López Obrador y muchos actores políticos de la 4T y de Morena lo ven como un obstáculo para lograr sus objetivos de corto plazo y no como una oportunidad para lograr el cambio político y, desde las oposiciones, porque temen -no sin razón- que ir a un constituyente en las actuales circunstancias políticas sería entregarles al presidente de la República y a Morena el monopolio en la definición de los contenidos de la nueva constitución.

Sin embargo, creo que, como lo ha señalado Muñoz Ledo y como lo he manifestado en otras ocasiones en este espacio, si se revisa el reciente proceso constituyente de la Ciudad de México sería posible encontrar elementos útiles para garantizar las condiciones para la elaboración de un proyecto de constitución basado en un amplio consenso y en el nuevo pacto social, así como para la celebración de un constituyente en el que las reglas para la elección de todos sus integrantes permitieran reflejar la pluralidad de la sociedad y la representación proporcional de todas las fuerzas políticas y en el que las normas para su funcionamiento favorecieran la formación de consensos y evitaran la imposición del proyecto de una fuerza política o de una mayoría artificial ajena a la voluntad mayoritaria de los electores.

* Diputado federal. Ha sido diplomático, secretario del Trabajo y de Educación, presidente de dos partidos políticos nacionales, presidente de la Cámara de Diputados en dos ocasiones y diputado constituyente de la Ciudad de México

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