Sostiene Buscaglia (En torno a la fallida captura de Ovidio Guzmán) | Artículo

por Julio Moguel noviembre 4, 2019 6:54 pm

¿Es viable en México que se dé el paso franco a una declaratoria “de guerra” que considere las acciones del cartel de Sinaloa en Culiacán como terrorismo?

Julio Moguel

I

Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, es internacionalmente reconocido por sus asesorías a gobiernos e instituciones de muy distinta índole en el concierto de la política global en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En entrevista con Carmen Aristegui, a finales del año pasado, afirmaba sin pelos en la lengua que “en México la delincuencia organizada [estaba] infiltrada en el sistema electoral”, y que, en consecuencia, reducir los cuantiosos recursos que se dedicaban a sostener el sistema de partidos implicaría “una [significativa] reducción de la violencia” (Aristegui Noticias, 5 de octubre de 2018).

Perfilaba Buscaglia, con dicha consideración, un tema que ahora adquiere plena actualidad, en un marco de propuestas de reformas y de acciones que, además del referido a la reducción del subsidio a los partidos, ha impulsado de manera sostenida el gobierno de la “4ªT” para concretar un cambio sustantivo del régimen político nacional. No queda fuera de contexto, en este encuadre, señalar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quedó “sin probar” el destino de 5.7 mil millones de pesos operados por los diputados, en un “botín presupuestario” que benefició faraónicamente “a los partidos y sus líderes” (La Jornada, 3 de noviembre de 2019).

Obviamente, no se puede deducir con simpleza desde esta información que dicho “botín presupuestario” haya sido absorbido por las redes del narcotráfico. Pero: ¿no hay, como sostiene Buscaglia, razones suficientes para suponer que es en “fondos perdidos” como éste donde el narcotráfico encuentra un campo fértil de vida y proliferación?

II

Buscaglia ha vuelto ahora al escenario para ofrecer, en muy distintos medios, su opinión en torno a la fallida operación de captura de Ovidio Guzmán (el hijo de El Chapo), abriendo líneas de análisis que no pueden obviarse o subestimarse en el debate actual. En una nueva intervención en Aristegui Noticias (31 de octubre de 2019), el analista argentino señaló que los militares habían ido “a la boca del lobo” con un operativo “amateur”.

El discurso crítico de Buscaglia se extiende a líneas de estrategia que van más allá de lo propiamente militar. Señala, por ejemplo, que “no se han implementado mecanismos de desmantelamiento patrimonial para debilitar la estructura financiera que respalda la operación criminal”; y habla también de la inexistencia de un sistema operativo funcional en contra del narcotráfico en muy distintos ámbitos (aduanal, de control patrimonial, de inteligencia político-militar, etcétera).

De boca del mismo investigador apareció más recientemente una recomendación para atacar el señalado mal emergente en el enfrentamiento dramático de Sinaloa: considerar formalmente lo allí ocurrido como “un acto de terrorismo”. Lo que permitiría, según el mencionado analista, entrar en una línea de contrataque al narcotráfico desde una escala internacional, que llevaría a una coordinación estratégica y del más alto rango de poderío mundial que “pondría a temblar” al cartel de Sinaloa y, de paso, a todos los carteles existentes en el país.

Impecable el razonamiento en su sentido genérico. Pero viendo las cosas más de cerca surge inevitablemente la pregunta: ¿es viable en México y en el proceso de cambio representado por “la 4ªT” que se dé el paso franco a una declaratoria “de guerra” que considere a las acciones ya mencionadas del cartel de Sinaloa en Culiacán como actos de terrorismo?

III

No estaría de más saber a ciencia cierta si el modus operandi y lo hecho in situ por el cartel de Sinaloa en el fatídico enfrentamiento de Culiacán puede ser calificado en efecto de terrorista, en el sentido en el que el concepto se lee y entiende en los códigos del campo internacional. Pues en dicho ámbito el término referido tiende a connotarse como una entre otras acciones premeditadas que, en el terreno propio de “una guerra”, despliega y opera una de las partes en conflicto para alcanzar metas “supremas” o de alcance estratégico, en encadenamientos y en escalamientos calculados, difíciles para la contraparte de predecir y combatir.

Sin ser especialista en el tema me atrevo a dudar de la pertinencia del término para el caso indicado, no sin poner los acentos en lo que en el propio concepto de Buscaglia se presenta a mi gusto como una clara contradicción: crítico solvente de la “estrategia de guerra” contra el narcotráfico operado en los sexenios anteriores, particularmente en el de Calderón, propone en su fórmula de “lucha contra el terrorismo” la apertura de una nueva forma de guerra que presupondría algo más –mucho más– que poner a temblar al cartel de Sinaloa. Dicha perspectiva obligaría al desarrollo, por parte del gobierno encabezado por AMLO, de dos líneas transformativas o de operación que caminarían justo en contra de caros valores que hasta ahora han sido partes fundamentales de la llamada Cuarta Transformación, a saber:

a) Internacionalizar el combate al narcotráfico, en un plano de pérdidas distinguibles de mando político, político-militar y de soberanía;

b) Rearmar al propio gobierno con estructuras de sobreprotección y blindaje que hasta el momento han sido simple y llanamente desaparecidas o desactivadas, como, entre otras, las del tristemente célebre Estado Mayor Presidencial.

La salida al gran dilema de ruta(s) planteada por la confrontación armada en Culiacán parece entonces tremendamente compleja, difícil de definir con fórmulas que consideren sólo o fundamentalmente los “ya probados estándares internacionales de operación”.

Mas lo cierto es que –y en ello tiene razón Buscaglia– algo ha fallado en el esquema estratégico marcado hasta ahora por el gobierno de la Cuarta Transformación. El tiempo político del régimen en ciernes deberá considerar como un “antes y un después” a las terribles horas del drama vivido el 17 de octubre en la capital sinaloense.

Definir cuáles deben ser los nuevos pasos a dar en una segunda fase del proceso de transición, tendrá que pensarse entonces como una tarea de Estado de máxima prioridad.

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