Gobierno de México quiere cerrar caso Ayotzinapa ante posible alternancia: familiares en Asamblea CIDH

por Redacción AN mayo 8, 2018 2:58 pm

"Ustedes tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, a la garantía de no repetición de los hechos a nombre del pueblo mexicano", les dijo Luis Ernesto Vargas, comisionado de la CIDH.

Las familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y sus representantes legales advirtieron que el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, busca cerrar el caso ante una posible alternancia en la presidencia de la república.

“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan“, afirmó Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, durante la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa, realizada en el 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en República Dominicana.

“Señores ¿qué esperan para enderezar el camino, para que el gobierno mexicano haga al trabajo como debe de ser?, ¿por qué siguen sosteniendo lo que en ese tiempo dijo Murillo Karam?, cuando la supuesta verdad histórica está por el suelo, está convertida en ceniza como quisieron convertir a nuestros hijos, a nuestros 43 jóvenes. ¿Qué cometieron nuestros hijos para merecer esto?”, cuestionó a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Por su parte, Joaquina García, madre de Martín Getsemany, acusó que a 43 meses de la desaparición de los jóvenes, el gobierno mexicano no hace nada para esclarecer lo que pasó.

“Se burla de nosotros, ya no queremos más eso. La mentira más grande también es burlarse de ustedes sabiendo que hubo tortura con los que tenían que mantener la verdad histórica… En nuestro país no hay justicia, en nuestro país hay miles de desaparecidos y no solucionan nada”, agregó.

Tanto Emiliano como Joaquina pidieron a los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.

Ya no queremos que las audiencias sean fuera de nuestro país, nosotros somos pobres, no tenemos dinero, queremos que ustedes vayan a México, allá que nos den solución, porque la desaparición fue allá no en otros países. Les pedimos que nos ayuden y nos sigan protegiendo”, dijo la madre de Martín.

Durante su intervención, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, señaló que “hay cuatro señales que confirman nuestros peores temores en torno a que la única prioridad de esta administración es cerrar el caso dada la alta probabilidad de que quienes confeccionaron la verdad histórica salgan pronto de sus posiciones de poder“.

El representante legal de las familias detalló que estas señales son el rechazo del gobierno federal al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial; la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados -proporcionados por la DEA– con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales; el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones; y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial.

Ante esto, el comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, dijo que entiende el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales y satisfactorios.

Ustedes tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, a la garantía de no repetición de los hechos a nombre del pueblo mexicano, y por esas circunstancias entendemos el dolor que a ustedes los embarga”, expresó.

Por otro lado, enfatizó su preocupación por las descalificaciones contra Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, y señaló que se debe prestar máxima atención a lo señalado en el informe de la ONU.

En tanto, la comisionada Flávia Piovesan apuntó que, de acuerdo con información recibida por la CIDH este año, hay 128 denuncias en relación de la tortura en este caso; solo 53 de éstas estarían en análisis o concluidos y únicamente dos tendrían resultado positivo en conformidad del Protocolo de Estambul.

“Endoso la pregunta y preocupación del Comisionado Vargas con relación al deber de investigar con autonomía, con independencia, teniendo en cuenta los principios del Protocolo de Estambul, los casos de tortura y enfatizo la importancia de la ONU, de su autoridad, de su expertise en este informe ‘Doble injusticia'”, sostuvo.

En respuesta a las críticas, Sara Irene Herrería, subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, refrendó su compromiso “para esclarecer los hechos que nos ocupan y determinar el paradero de los 43 estudiantes a través de la oficina de investigación del caso iguala, con el acompañamiento cercano de la CIDH, sin escatimar en esfuerzos ni en recursos materiales o humanos”.

Por su parte, el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera, afirmó que la búsqueda de los 43 jamás se han detenido, y puso como ejemplo que hasta ahora se han realizado más de 800 acciones en este sentido, en unos 360 lugares, muchos de ellos sugeridos por especialistas internacionales.

 

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