Primera Sala de la Corte atrae amparos sobre Operación Safiro y Alejandro Gutiérrez; resolverá si Chihuahua es víctima

por Juan Omar Fierro julio 10, 2019 7:25 pm

Los ministros Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra del fallo; recientemente fueron fotografiados con el abogado Juan Collado.

Por Juan Omar Fierro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para analizar y resolver cuatro juicios de amparo relacionados con la Operación Safiro o Saneamiento Financiero y el proceso penal que se le sigue a nivel federal al ex secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por un presunto peculado de 251 millones de pesos.

Por mayoría de tres votos contra dos, la Primera Sala del Alto Tribunal atrajo tres juicios de amparo presentados por el gobierno de Chihuahua y un amparo en revisión promovido por Gutiérrez Gutiérrez para analizar el fondo de la controversia jurídica y así resolver si se le reconoce la calidad de víctima al Estado de Chihuahua en la causa penal que se le sigue al político priista por el presunto desvío de recursos públicos.

A propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la Primera Sala también deberá resolver si ampara o no al gobierno de Chihuahua para revocar el sobreseimiento o desechamiento de la acusación penal contra Alejandro Gutiérrez que un juez federal decretó en septiembre de 2018, fallo que se dio por petición expresa de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), tres meses ante del cambio de sexenio.

Los ministros que votaron en contra del fallo fueron Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes aparecieron públicamente en una fiesta con el abogado Juan Collado Mocelo, actualmente sujeto a prisión preventiva oficiosa por una imputación penal de delincuencia organizada y lavado de dinero que le hizo la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, Juan Collado es hermano de Antonio Collado Mocelo, uno de los abogados defensores de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en el juicio con duración de un mes que se le siguió en el estado de Chihuahua por el presunto desvío de un millón 740 mil pesos en el marco de la Operación Safiro, dinero que presuntamente formó parte de una comisión por la colaboración del priista en el esquema utilizado por el PRI para financiar sus campañas electorales de manera ilegal.

De acuerdo con el fallo, la facultad de atracción aprobada por la Suprema Corte permitirá a los ministros de la Primera Sala fijar parámetros y criterios que permiten otorgar la calidad de víctima u ofendido a “personas morales oficiales”, es decir, a las propias autoridades estatales, locales y municipales que hacen uso de este servicio.

Las cuatro facultades de atracción fueron enviadas la Suprema Corte por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, con el propósito de que los ministros se pronuncien sobre este caso que enfrentó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, con el entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

Las resoluciones de fondo que se impugnan son el fallo de un juez de control que le negó la calidad de víctima al Gobierno de Chihuahua en el proceso penal que se le inició a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez; así como el fallo de otro juzgador federal que sobreseyó o canceló las acusaciones que la PGR había presentado contra el ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones por el presunto desvío de recursos públicos.

El consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, celebró el fallo y explicó que a partir de este momento, un nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte tendrá que resolver el fondo del asunto para que se defina si el gobierno de Chihuahua puede fungir como víctima u ofendido en el proceso penal federal que se le instruye a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por el presunto desvío de 251 millones de pesos.

El funcionario explicó que estos recursos eran de carácter federal, pero advirtió que al momento en que se transfirieron las cuentas bancarias del gobierno de Chihuahua, pasan a ser recursos del erario estatal, por lo que se actualiza una afectación directa a la entidad.

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