“Morena y la Ley de Seguridad Interior: ¡un poco de congruencia, por favor!” (Artículo de Alfredo Lecona)

por Alfredo Lecona octubre 11, 2018 7:38 am

"Un poco de congruencia para eliminar una ley que estorba al proceso de paz que se plantea construir, no le vendría nada mal a la estrategia prácticamente inexistente del próximo gobierno", señala.

Por @AlfredoLecona

A pesar de que la Ley de Seguridad Interior (LSI) se encuentra en una etapa crítica –con la discusión sobre su constitucionalidad en la puerta de la Suprema Corte y con la exigencia que se ha hecho al Congreso de la Unión para que sea abrogada– desde Sonora, Morena ha solicitado su aplicación en esa entidad.

El nuevo congreso sonorense, con mayoría del partido de López Obrador, acaba de emitir una señal preocupante y contraria a lo que el propio futuro Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo (quien además es senador por ese estado) ha expresado públicamente cuando se le cuestiona sobre la postura que tendrá el gobierno y la mayoría legislativa de su partido sobre la infame ley. Durazo ha repetido en diversas ocasiones que esperarán a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre su inconstitucionalidad para definir su postura definitiva.

El martes 9 de octubre, Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora de la fracción morenista en Sonora, presentó súbitamente un punto de acuerdo para exhortar al presidente de la república a que el gobierno federal asuma la Seguridad Pública en el estado, en términos de lo dispuesto por la LSI. En el orden del día de esa sesión, no estaba inscrita la propuesta de Castro Valenzuela y por eso solicitó que se incorporara y se aprobara con urgencia injustificada y sin discutirla previamente en comisiones. Tras un debate de casi dos en el pleno, el exhorto fue aprobado.

No es la primera vez que la incongruencia de Morena es notoria en el sinuoso camino que ha recorrido la LSI desde su discusión en el Congreso, el pasado mes de diciembre. A pesar de que el voto de Morena en las dos cámaras fue en contra de la LSI, la entonces coordinadora de los diputados de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, firmó el acta para que el proyecto de ley se incorporara a la orden del día del pleno, el 11 de noviembre, cuando fue aprobada fast track por la Cámara de Diputados. Morena firmó que se discutiera hoy, porque ya tenemos mucho tiempo con esto, más de un año, tanto en el Senado como aquí”, afirmó Nahle, aun sabiendo que la oposición de Morena no alcanzaría para frenarla ante la mayoría del PRI y los panistas que la votaron a favor.

Durante la campaña, López Obrador llegó a afirmar que no usarían la LSI, pero respecto a su abrogación, dio la pauta a lo que por meses han repetido voceros y futuros funcionarios: esperar y respetar la decisión de la Suprema Corte.

Además de lo anterior, temas como la creación de una Guardia Nacional (o ahora Guardia Civil) y la falta de un compromiso claro para elaborar un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las calles, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para quienes seguimos con preocupación el avance de la militarización de la seguridad pública. No hay forma de saber qué tienen en mente López Obrador y su equipo en materia de seguridad y parece que ellos tampoco.

En las últimas semanas la tensión y las presiones entre militares y el gobierno electo han sido aún más obvias. Un día, un general de la Sedena descalifica la comisión para la verdad del caso Ayotzinapa; al siguiente, López Obrador dice que se cuida al ejército si no se oculta la verdad. Un martes, una senadora de Morena le dice a Luis Videgaray que debieron vetar la LSI; y el miércoles López Obrador habla de crear 50 mil nuevas plazas para las fuerzas armadas (y las demás corporaciones).

Pero en el río revuelto de Morena, la única constante había sido la promesa de esperar a que la Suprema Corte se pronunciara sobre la LSI. Lo sucedido en Sonora no puede ser una ingenuidad o un descuido. No en el estado en el que Durazo fue Presidente de Morena. Y si lo fue, el punto de acuerdo de la diputada Castro Valenzuela fue trabajado desde la ingenuidad o desde un lugar fuera del congreso. El documento que leyó por 16 minutos ni siquiera cumple con requisitos exigidos por la propia LSI para que un congreso estatal solicite la intervención de las fuerzas federales en una entidad, tales como señalar las amenazas a la seguridad interior, su impacto y las áreas geográficas o instituciones vulneradas. En el mejor de los casos, la solicitud de Morena en Sonora fue una irresponsabilidad ignorante; en el peor, un mensaje de presión mientras por los escritorios de la Suprema Corte circula un proyecto de resolución que, se sabe, se dará a conocer en los siguientes días.

Además, el mecanismo por el que el congreso de Sonora decidió solicitar la intervención de la federación, se enmarca en uno de los dos regímenes de la LSI, que es justo el que Peña Nieto prometió no usar hasta la resolución de la Corte, y es el de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Ley de Seguridad Interior. El otro régimen es el de las acciones permanentes de las fuerzas armadas para “identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior”. Si es público el compromiso de Peña de no emitir declaratoria alguna, ¿por qué decidió Morena solicitarla para Sonora?

La LSI debe ser abrogada y con episodios como el sonorense, la responsabilidad política del Congreso de la Unión para hacerlo se hace más grande. Ya existe una iniciativa presentada en el Senado y en la Cámara de Diputados y con facilidad los legisladores federales de Morena podrían eliminar la LSI. Esperar a la Corte es innecesario. Un poco de congruencia para eliminar una ley que estorba al proceso de paz que se plantea construir, no le vendría nada mal a la estrategia prácticamente inexistente del próximo gobierno.

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