Diálogo de los tres poderes, necesario para revisar salarios en el Poder Judicial: expertos

por Redacción AN / GV diciembre 14, 2018 2:23 pm

El profesor Julio Ríos Figueroa, del CIDE, consideró "inoportuno y poco sensible" que los ministros, jueces y magistrados salieran a defender salarios, cuando nunca se han manifestado por defender otras causas, como el Estado de Derecho y la Constitución.

En México es necesario reformar el sistema judicial, que incluya una revisión de los salarios y privilegios, pero ésta debe realizarse tras un diálogo entre las partes involucradas coincidieron expertos.

“Hay una serie de ciertos privilegios, que en el contexto del país deben ser examinados. Es el momento de la política, de los diálogos, pero razonables; que tengamos un conjunto de elementos que nos puedan ayudar para ilustrar qué puede ser lo razonable, lo proporcional, y no solamente decisiones más voluntaristas”, dijo José Roldán Xopa, profesor-investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista para #AristeguiEnvivo, expuso que hay una discusión de cómo empleamos mejor los recursos públicos y el elemento detonador entre los tres poderes fue la propuesta y aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones.

En su opinión, la solución a esta controversia es el método juarista: darle lugar a la razón y al Derecho, para que haya una comunicación entre los que piensan distinto, “estableciendo claramente cuáles pueden ser los argumentos”.

Señaló que en el caso específico del Poder Judicial hay una previsión muy clara en la reforma de 2009 al artículo 127 constitucional, durante el gobierno de Felipe Calderón, la cual establecía que “en el caso de los ministros que estaban en funciones no se podía llevar a cabo una disminución de su remuneración”.

En este sentido, apuntó, “lo que produce el ruido está en esta afirmación de que la Ley de Remuneraciones puede afectar esa situación, es decir, que una norma legislativa puede modificar el artículo transitorio y por tanto, si esta es la pretensión, tendríamos un problema jurídico con los posibles alcances que tendría la ley, y ahí sí hay un problema de probable inconstitucionalidad”.

Subrayó que “no hay que pasar por alto que lo que se está discutiendo es una cuestión de constitucionalidad, por tanto, la Corte tiene que tomar en cuenta solamente la Carta Magna y los razonamientos constitucionales, y en eso implica también la discusión de la aplicabilidad de la Ley de Remuneraciones y la ley que regula la acción de inconstitucionalidad”.

Desde su punto de vista, la resolución que declara la suspensión de la Ley de Remuneraciones del ministro Alberto Pérez Dayán es muy interesante, porque “desaplica un artículo de la ley que reglamenta las acciones de inconstitucionalidad que impide que se declare en suspensión respecto de normas generales”.

“El argumento es muy interesante porque dice ‘si aplicamos esta ley va a haber afectaciones a los derechos de las personas que no podrá ser reparable, dado que aunque se resolviese en favor de que la ley es inconstitucional no podría tener efectos retroactivos‘, es decir, las remuneraciones que no se paguen no podrían ser recuperables, y ahí está el argumento que me parece que es básico, y que no es un despropósito la decisión misma de desaplicar la norma para poder preservar estos posibles efectos del derecho”, explicó.

Por otra parte, Roldán Xopa destacó la importancia de saber sacar provecho a este tipo de conflictos.

Posibilitan que los ministros debatan, argumenten y resuelvan, pero la otra cuestión sigue estando en la esfera política… Cómo decidimos qué es aquello que puede llamarse la retribución razonable, proporcional y digna“, abundó.

Desde el punto de vista del experto, en el Poder Judicial sí hay una autonomía y una diversidad de decisiones que lo han acreditado, aunque “no puede desligarse que alrededor hay un contexto político, puede haber identificaciones ideológicas o de mayor cercanía de ciertos ministros respecto del presidente en turno”.

Por su parte, Julio Ríos Figueroa, profesor-investigador del Centro de Estudios Políticos, recordó que en 1994 se le dio al Poder Judicial la facultad de anular actos y leyes contrarios a la Constitución de la que no gozaba antes.

Observó que es muy interesante como en medio de “esta lucha muy simbólica el ministro presidente de la Corte se sienta a un lado del Presidente de la República y dialogan de tú a tú”.

Recordó que el Poder Judicial “ha tenido momentos brillantes, momentos obscuros y temas muy complicados como la rotación de los ministros, de los jueces y magistrados, los controles de confianza, la cuestión del neopotismo.

“Yo creo que esos son temas muy importantes que deben ser atendidos sentados en la misma mesa”, indicó.

El académico comentó que hasta ahora las iniciativas han sido presentadas un día sí y otro no, en la noche y sin avisar, “y no creo que ese sea el mejor modo”.

“En los países donde se hacen estas reformas judiciales se sienta a la gente que sabe, en particular a los propios afectados y los propios operadores de este poder de la República, con expertos, incluso de otros países, a ver cuáles son las mejores prácticas, qué funciona y que no funciona“, subrayó.

Respecto a los sueldos, Ríos Figueroa consideró que sin duda deben ajustarse a la baja los sueldos de los ministros, en particular porque alrededor del sueldo hay una serie prestaciones “que sí hacen muy ofensivo el monto”.

Los ministros deben de reconocerlo, como deben de reconocer lo del nepotismo y otros problemas. Sólo ahí se van a empezar a sentar los poderes realmente a atender las causas, y creo que eso se debe hacer sin duda, y después ajustar los otros salarios. Hay que arreglar la administración, la organización del Poder Judicial como burocracia federal”, sostuvo.

Comentó que los ministros tienen derecho a manifestarse, organizarse y defender sus intereses, pero es “inoportuno, poco sensible, salir de este modo, justamente con el tema de los salarios, porque ha habido muchas otras cosas que han ocurrido estos años, donde hubieran podido salir en defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y no lo hicieron”.

Si bien el profesor del CIDE observó que hubo varios integrantes del Poder Judicial que se inconformaron con la propuesta, destacó que hubo muchos que “no quisieron poner amparos por principio, porque decían ‘yo no puedo ser juez y parte, hay que encontrar la forma de resolverlo, que vaya a la Corte’ es decir, así como hay algunas personas que no quieren ver la situación hay otros que están muy a tono con el cambio que está tomando el gobierno”.

“Está muy bien la cuarta transformación y la retórica del gobierno, pero hay que recordar que México no comenzó el primero de julio, tenemos una historia, con vaivenes, pero en el caso del Poder Judicial no hay que echar a la borda todo lo que se ha hecho, hay que construir, arreglar los pendientes que tenemos”, puntualizó.

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