La Corte, la “Ley Bonilla” y el “esgrima jurídico” de la titular de Gobernación | Artículo

por Rogelio Muñiz Toledo mayo 16, 2020 8:45 am

Con el caso BC, la Corte envía importantes mensajes para quienes desde el poder, y so pretexto de la transformación, insisten en promover un proyecto antidemocrático. .

Rogelio Muñiz Toledo

“Si son los cobardes los que se dedican a la esgrima, se hacen más insolentes y su cobardía se pone más en evidencia;y si son los valientes, todo el mundo tiene puestos en ellos los ojos; y si llegan a incurrir en la menor falta, sufren mil burlas”: Platón

La Suprema Corte emitió, por unanimidad, un fallo de la mayor trascendencia para la democracia constitucional en México. En las acciones de inconstitucionalidad con las que se impugnó la reforma a la Constitución de Baja California, con la que se buscaba ampliar de 2 a 5 años el periodo para el que fue electo el gobernador Bonilla, la Corte tuvo por acreditada, en palabras de su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, una “maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular” con la que se cometió “un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático” y se alteraron los resultados del proceso electoral y que “entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático” y “constituye un verdadero fraude postelectoral”. En consecuencia, el Tribunal Constitucional invalidó la antidemocrática e inconstitucional reforma.

El día de la toma de posesión del gobernador Bonilla, en una reunión con una decena de personas y que ingenuamente la secretaria de Gobernación supuso que era privada, pero cuyo desarrollo se transmitía en vivo en redes sociales -“soy muy ingenua en el tema de las redes sociales. No me di cuenta de que me estaban tomando video. Acuérdate que yo soy de la era de piedra”, declaró en una entrevista para el programa El Weso de W Radio-, la secretaria y ministra en retiro creyó prudente participar en un “esgrima jurídico” -como ha calificado ella, con una cierta dosis de eufemismo, lo que sucedió en esa reunión a la que acudió con la representación del presidente de la República- en el que su principal lance como “esgrimista” fue afirmar enfáticamente, en un ambiente festivo y para regocijo del anfitrión, el gobernador Bonilla, que para ella la reforma a la Constitución del estado iba a pervivir.

La Suprema Corte emitió su fallo y a la secretaria de Gobernación le falló la línea en su “esgrima jurídico”: la norma no pervivió. Para no dar lugar a otras interpretaciones, aclaro que cuando digo la “línea” me refiero, metafóricamente, al ataque básico con la espada o el florete en la práctica de la esgrima.

Al participar en ese “esgrima jurídico”, aunque solo haya sido por conjeturar, a la secretaria de Gobernación le fallaron, como “esgrimista”, la técnica de defensa porque no supo utilizar la línea para mantener a distancia al contrincante; como abogada, la valoración de los aspectos procesales del caso al poner en duda la legitimación de los partidos políticos para impugnar la reforma; y como responsable de conducir la política interior del Gobierno de México, la prudencia al pronunciarse sobre un asunto de orden constitucional sin el rigor que exigía el caso y sin medir las consecuencias políticas de sus palabras.

Fallido lance de “esgrimista” inexperta el de quien por mandato legal debe contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país y que por prudencia política no debió participar en un “esgrima jurídico” que se desarrollaba en un terreno utilizado como laboratorio de un proyecto político reeleccionista y autoritario, y que tenía como anfitrión al beneficiario de una maquinación que tuvo un “efecto corruptor de rango constitucional” (el ministro Zaldívar dixit), y en el que su principal lance de “esgrimista” fue una línea por la pervivencia de una norma que ella misma había calificado de inconstitucional.

Antes de participar en ese “esgrima jurídico”, la secretaria de Gobernación había dicho en el Senado que, para ella, la reforma era inconstitucional. Por eso, y si no fuera por la contundencia con la que en su “esgrima jurídico” se pronunció por la pervivencia de la norma, resultaría inexplicable que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal haya sido de los pocos sujetos legitimados que no acudieron a la Corte a demandar la invalidez de la reforma. Los otros sujetos legitimados que también decidieron no lleva el asunto a la Corte fueron Morena, el PT y el PVEM.

La defensa de la democracia constitucional requiere de auténticos demócratas y de un firme compromiso con la democracia y con la defensa de la Constitución, no de “esgrimistas jurídicos” incapaces de combatir jurídicamente las violaciones al orden constitucional y cuyo doble discurso pone en duda su talante democrático.

Con su sentencia, la Corte envía importantes mensajes para quienes desde el poder, y con el pretexto de la transformación del régimen, insisten en promover un proyecto político antidemocrático y autoritario: que “la Constitución no es de cumplimiento optativo”; que “quienes detentan el poder no pueden pretender la convalidación de violaciones al voto popular con pretextos o excusas metaconstitucionales”, ni la legitimación de las violaciones constitucionales “con supuestas encuestas”; y que “hay una salvaguarda constitucional que no pudieron ni podrán eludir, que es la justicia constitucional” en manos del Tribunal Constitucional (el ministro Zaldívar dixit).

La Corte también le pone un alto a la omnipotencia de las mayorías parlamentarias y a la pretensión absolutista de Morena y de algunos legisladores de la 4T que creen que puede aprobar leyes y reformas violentando el orden constitucional y deja claro que existen límites infranqueables para las mayorías: los derechos humanos y las reglas y valores de la democracia, entre otros.

Los efectos jurídicos de la sentencia de la Corte son claros: el mandato del gobernador Bonilla concluye el 31 de octubre de 2021 y se reivindica el derecho de las y los bajacalifornianos de acudir a las urnas el próximo año para elegir a quien habrá de gobernar en su estado del 1 de noviembre de 2021 al 31 de agosto del 2027.

Pero el fallo de la Corte debiera tener también consecuencias políticas: quienes participaron en la planeación, negociaciones y ejecución de esta maquinación, quienes aprobaron la reforma, quienes ejecutaron las chicanas -como en su momento las llamó el presidente López Obrador- para impedir su impugnación ante la Suprema Corte y quienes desde sus posiciones de poder en los gobiernos federal y local impulsaron, defendieron, cabildearon, presionaron o apostaron por la pervivencia de esta inconstitucional y antidemocrática reforma a la Constitución de Baja California, debieran pagar el costo político de sus acciones contrarias a la democracia constitucional y renunciar a sus cargos, como ya habría sucedido en cualquier país democrático.

Ante la gravedad de este “gran fraude a la Constitución y al sistema democrático”, si los mecanismos de rendición de cuentas y los procesos de responsabilidad política y administrativa funcionaran en nuestro país, lo menos que se podría esperar sería que la demanda de juicio político en curso en contra de los diputados que aprobaron la reforma, prosperara; que los funcionarios federales y locales que participaron en esta maquinación, desde su concepción hasta la búsqueda de la pervivencia de la norma, renunciaran; y que el voto de castigo para Morena y sus aliados se materializara en las elecciones del próximo año.

Además, convendría que el presidente López Obrador recordara ese pasaje de la historia del siglo XIX que narra en su libro “La mafia que se adueñó de México… y el 2012” (Grijalbo, 2010) a propósito de dos cartas enviadas a Antonio López de Santa Anna, una por el conservador Lucas Alamán, en la que le proponía “restablecer el centralismo y nada de democracia”, y la otra por el liberal Miguel Lerdo de Tejada, en la que le aconsejaba “mantener el sistema de gobierno federal, representativo y popular” y le advertía “que cualquier pretensión de implantar un régimen dictatorial lo llevaría al fracaso”; así como la frase de Don Jesús Reyes Heroles: “si una carta aspira a retrogradar, la otra insta a dar el último jalón”, que el Presidente cita ahí mismo.

A partir de dicha referencia histórica, y en el contexto de este fallido atentado a la democracia constitucional, tal vez el Presidente debiera considerar la conveniencia de revisar quiénes dentro de su gobierno, de sus mayorías parlamentarias y de Morena aspiran a retrogradar en el actual proceso de cambio político y quiénes realmente apuestan por la transformación del régimen político para consolidar la democracia constitucional y construir un auténtico Estado social de derecho; para que, ante el reto que significa enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis económica, pueda realizar oportunamente los ajustes necesarios en su equipo de gobierno para conducir al país por la ruta de los acuerdos políticos y no por la vía de la confrontación.

* Filósofo griego

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