Urge ‘Ahora’ detener “ríos de dinero ilegal” del PRI y pide renuncia de Consejo del INE

por Redacción AN julio 18, 2017 2:43 pm

Exige que "se celebren nuevas elecciones en el Estado de México y Coahuila, organizadas por autoridades independientes y autónomas, que garanticen la equidad de la competencia política y el voto libre".

El coordinador de Ahora, Emilio Álvarez Icaza, denunció que instituciones democráticas del país, como el Instituto Nacional Electoral, han sido “secuestradas” por parte del PRI y sus intereses rumbo a 2018.

En entrevista para Aristegui en vivo, refirió que “lo que vimos en el INE (durante el debate sobre la fiscalización de campañas en el Estado de México) fue vergonzoso y escandaloso”, ya que por parte de la campaña del PRI “gastaron miles de millones de pesos de manera ilegal y el INE no lo ve”.

La legitimidad de una elección, sostuvo, “no es un asunto de poner mamparas”, sino de “detener los ríos de dinero ilegal“:

Posteriormente, en conferencia de prensa, a nombre de ‘Ahora’, Álvarez Icaza exigió “la renuncia de quienes integran el Consejo General para dar lugar a una nueva conformación de autoridades en el INE, con personas que generen y recuperen la confianza, garantizando la celebración de elecciones libres y equitativas, cuyo proceder sea apegado a los principios constitucionales de la función electoral, especialmente el de independencia e imparcialidad. Personas capaces de ejercer con autonomía todas facultades que la legislación ofrece. Particular atención requiere el cese inmediato Eduardo Gurza Curiel, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien ha dado sobradas muestras de incompetencia y complicidad“.

(Ve: Titular de Unidad de Fiscalización del INE trabajó con Del Mazo en Banobras)

Se reproduce el comunicado completo:

La iniciativa Ahora surge, entre otras cosas, para hacer frente a un conjunto de prácticas y acciones características de los procesos de restauración autoritaria experimentados en México en los últimos años.

Una vez más, durante 2017, hemos advertido cómo desde la Presidencia de la República, desde los gobiernos de los Estados en donde se celebraron elecciones, se llevaron a cabo prácticas contrarias a la Constitución y a la Ley para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados. En los casos de Coahuila, Nayarit y el Estado de México, advertimos cómo la administración local y federal actuaron como maquinarias electorales al servicio de los intereses partidistas.

Ahora documentó en el caso del Estado de México, el modus operandi de la corrupción política en lo que llamamos El Ciclo. Por ello, denunciamos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el uso de recursos de procedencia ilícita, lo hicimos tomado en cuenta que, como nunca, la autoridad electoral cuentan con las facultades necesarias para entrar a fondo y fiscalizar los recursos empleados para la competencia política. Lo hicimos en defensa –no de candidato o candidata alguna– sino de la equidad en la contienda política, como el principio fundamental de nuestra democracia y defendiendo el derecho de millones de mexicanos y mexicanas a un voto libre de cualquier forma de condicionamiento.

La forma y las razones a partir de las cuales el INE determinó la improcedencia de nuestra denuncia, nos han permitido atestiguar cómo la mayoría de las y los consejeros del INE, han validado la omisión de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien, entre otras cosas, tardó 30 días en la admisión de la queja; no citó a declarar a funcionarios públicos clave en la denuncia que presentamos; no citó a declarar a las empresas que aparecen en la denuncia, como es el caso de OHL; no investigó el destino de recursos públicos, por transferencias ilegales, desde el Gobierno Federal al gobierno del Estado de México; permitió que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República (PGR) le negara los reportes de disposiciones en efectivo; no exigió al Gobierno encabezado por Eruviel Ávila información que permitiera vincular el padrón de beneficiarios de programas sociales, con las tarjetas de débito Banorte que fueron reveladas en nuestra denuncia. Es decir, no llevó a cabo una investigación exhaustiva y renunció a ejercer las facultades y atribuciones que la Constitución y la ley le confieren.


En la denuncia ofrecimos una tarjeta de débito de Banorte que se empleaba para el pago de operadores del PRI, la autoridad pudo demostrar que se trataba de recurso públicos del programa “Mujeres que logran en Grande”, solo uno de los 60 programas sociales que hay en esa entidad. Se acreditó que cerca de 9 mil representantes de casilla formaban parte del padrón de beneficiarios, de ellos, el 67% fungieron como representantes de casilla de Alfredo del Mazo.

La mayoría de los integrantes del Consejo General del INE se negaron, ya no digamos a sancionar, sino a realizar al menos una investigación por considerar este hecho como irrelevante. Solo ese programa tiene más de 140 mil beneficiarias, ¿a cuántos de ellas se les condicionó? ¿los recursos llegaron realmente a sus destinatarios? ¿fueron desviados? El INE decidió cerrar la investigación. El INE decidió no saber.

La queja presentada por Ahora revela, particularmente, que lo más grave del proceso de restauración autoritaria no solo son las prácticas fraudulentas de Peña y el PRI, sino las omisiones y la complicidad que permite la impunidad dentro de las Instituciones Electorales, como los son los OPLES, el INE y el propio Tribunal Electoral.

Lo más grave es la impunidad, que frente a una creciente institucionalidad autoritaria se normaliza, oculta y “legaliza”, como ocurre en las elecciones de Coahuila y el Estado del México.

Por ello en las últimas semanas, otra vez y gracias al esfuerzo de voluntarias y voluntarios y al equipo de Ahora, presentamos una nueva investigación sobre el secuestro del INE. Un trabajo que documenta y exhibe el fracaso institucional de los objetivos para los que fue creado el INE en la reforma constitucional de 2014.

Si en 1988 las elecciones mostraron las miles, quizá millones de boletas que no se contaron y los miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto por no estar en el padrón electoral, las elecciones de los últimos años muestran cómo se desvían miles de millones de pesos de dinero público, sin consecuencias de carácter electoral en nuestro país; cómo la corrupción en el ejercicio del poder y la representación pública, procede del financiamiento ilegal de las campañas electorales, devastando al Estado y la democracia por la que hemos luchado por décadas.

El elemento común entre las elecciones del 88 y las de este año, es una autoridad que, por subordinación, complicidad e incapacidad, no ofrece, y mucho menos garantiza, las condiciones democráticas por las que hemos pugnado, reconociendo y haciendo frente a los actuales desafíos democráticos.

En el 2018 se cumplirán 30 años del fraude electoral de 1988 y estamos frente a una de las crisis más importantes de la institucionalidad de la que tengamos memoria. El próximo año se celebrarán al menos 30 elecciones locales, la presidencial, la de senadores y diputados. Como nunca, estaremos frente al mayor número de servidores púbicos y representantes que hayamos elegido en un mismo día, al mismo tiempo.

Estamos frente autoridades electorales que han sido incapaces de frenar o levantar la voz, ante el cúmulo de irregularidades que se advierten; frente autoridades incapaces de reconocer que la fiscalización de la que son responsables ha fracasado de modo sistemático; que las autoridades electorales que ellos y ellas eligieron para los estados están al servicio de gobernadores; autoridades indispuestas a enfrentar al Presidente y su gabinete vuelto maquinaria electoral; de autoridades que abdican de las facultades que sí tienen. De una autoridad que, en lugar de encabezar la indignación frente a la restauración, encabeza su normalización y la justifica.

Por ello, en defensa de la democracia, el Estado Democrático de Derecho y la institucionalidad democrática la iniciativa Ahora plantea las siguientes exigencias:

1- La renuncia de quienes integran el Consejo General para dar lugar a una nueva conformación de autoridades en el INE, con personas que generen y recuperen la confianza, garantizando la celebración de elecciones libres y equitativas, cuyo proceder sea apegado a los principios constitucionales de la función electoral, especialmente el de independencia e imparcialidad. Personas capaces de ejercer con autonomía todas facultades que la legislación ofrece. Particular atención requiere el cese inmediato Eduardo Gurza Curiel, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien ha dado sobradas muestras de incompetencia y complicidad.

2- Se celebren nuevas elecciones en el Estado de México y Coahuila, organizadas por autoridades independientes y autónomas, que garanticen la equidad de la competencia política y el voto libre.

3- Se determine la atracción de las 30 elecciones del próximo año, en tanto no se tengan garantías de funcionamiento independiente y autónomo de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES).

Invitamos a la sociedad y a sus organizaciones a unirse en la exigencia por el derecho que tenemos a tener una autoridad independiente e imparcial que defienda las elecciones de injerencias ilegales y arbitrarias.

Convocamos a las fuerzas políticas, actores políticos y autoridades comprometidas con la democracia, a retomar el camino y el proceso de cambio político para integrar una nueva autoridad electoral y contribuir con la construcción de condiciones democráticas de cara a las elecciones del 2018.

Muchas Gracias.

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