Constellation Brands: el chantaje del CCE (Artículo)

por Raúl Benet marzo 24, 2020 11:24 am

El Consejo Coordinador Empresarial utiliza la crisis del COVID como instrumento de chantaje en su pretensión de imponer una mega planta cervecera en Baja California, escribe Raúl Benet.

Por Raúl Benet

Constellation Brands es la mayor corporación norteamericana dedicada a la producción de bebidas embriagantes. Y tanto ella como sus aliados y representantes del Consejo Coordinador Empresarial son más tercos que los empedernidos consumidores de sus productos. 

Desde hace unos años, en tiempos de Peña Nieto, Constellation Brands se propuso pagar lo que fuese necesario para obtener los permisos y todo lo requerido para construir y operar una planta en Mexicali para la producción de un millón de cervezas cada día. Y consiguió permisos estatales y promesas de uso de la infraestructura hidráulica destinada al agua potable, pero la decidida acción ciudadana ha logrado detener el proyecto.

Para operar su planta, Constellation Brands utilizaría anualmente, tan solo en su primera etapa, más de  SIETE MIL MILLONES de litros de agua. Esta información ha sido dada a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que ha señalado claramente que la autorización de dicha planta viola flagrantemente el derecho humano al agua consagrado en el cuarto artículo de la Constitución, ya que repercute directamente en la disposición y acceso del líquido para las generaciones presentes y futuras. 

Para llegar a estas conclusiones, la CNDH analizó las características climáticas del Valle de Mexicali, así como la distribución de las concesiones y asignaciones de agua, al igual que los volúmenes de consumo empleados por la industria cervecera. 

La CNDH denunció que pese a existir vedas en el valle de Mexicali, que restringen el acceso a los acuíferos para uso industrial, las autoridades estatales y la empresa pretendieron autorizar la operación de la planta mediante el uso de la red de agua potable destinada a la población, y cambiando el destino de concesiones de agua de uso agrícola del río Mexicali.  Por estos motivos, la CNDH emitió una recomendación dirigida a Conagua y al Gobierno del Estado de Baja California. 

El pasado fin de semana el gobierno federal organizó un ejercicio bastante cuestionable, pues puso a consulta pública un derecho humano irrenunciable, el derecho humano al agua, lo que a juzgar por la propia CNDH es inaceptable. 

Por su parte la Semarnat se deslindó de la información publicada en las páginas de la SEGOB que sería base para la consulta, por considerar que dicha información era parcial y distorsionada a favor de la empresa.

Pese a estas consideraciones, y a que la empresa hizo todo lo posible por acarrear a incondicionales pagados, e incluso tomando en cuenta que la información estaba sesgada a favor de la cervecera, la consulta se llevó a cabo, con el resultado de que tres de cada cuatro participantes en la consulta ciudadana se opusieron rotundamente a que la empresa alcohólica utilice el agua de la población para fabricar cerveza. 

Diana Álvarez, subsecretaria de desarrollo democrático y participación social de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer el resultado de la consulta y afirmó que la Conagua no dará los permisos, pues la ciudadanía se opuso a la cervecería de manera muy mayoritaria. Los resultados de la consulta pueden revisarse en la página de la Secretaría de Gobernación. Es necesario hacer notar que la SEGOB no había sido promotora de la oposición a la planta, al contrario, pero en un acto de congruencia está asumiendo el resultado de su consulta.

No obstante lo contundente de este resultado que muestra la decidida oposición de la sociedad bajacaliforniana, y pese a que la SEMARNAT y la CNDH se oponen férreamente a que se viole el derecho humano al agua para producir cerveza, el Consejo Coordinador Empresarial ha emprendido una campaña de chantaje a nivel nacional, campaña ominosamente montada en la crisis del coronavirus, para presionar al gobierno mexicano señalando que éste es irresponsable por no permitir la inversión de la empresa cervecera en tiempos apremiantes de necesidad económica. 

Ahora resulta, según el CCE, que el gobierno es culpable de empeorar la crisis del coronavirus por decidir, en sintonía con la Constitución y en respeto a la opinión de la gente, que no se puede quitar agua a la población para producir y exportar millones y millones de latas de cerveza. 

Considero que el uso de la crisis del coronavirus para apuntalar intereses empresariales es deleznable, que exhibe al Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Carlos Salazar Lomelín, como un organismo tramposo y oportunista, y que merece un pronunciamiento y una sanción por parte de del Congreso, de la CNDH y de otras instancias oficiales, y un repudio inequívoco por parte de la ciudadanía.

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