Diputados aprueban presupuesto de 5.8 bdp para 2019; órganos autónomos, los que más perdieron

por Redacción AN / GV diciembre 24, 2018 8:39 am

El coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el dictamen es autoritario, unipersonal, asistencialista, opaco, discrecional y viola la autonomía de poderes.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, por un gasto neto total de cinco billones 838 mil 059.7 millones de pesos, y lo turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A las 3:39 horas de este lunes, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el PEF 2019 en su discusión en lo particular con 303 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, con casi 500 artículos reservados, muchos de los cuales fueron desechados, declinados o retirados por los diputados o fracciones parlamentarias que los promovieron.

Previamente, a las 12:34 horas de este lunes, el pleno cameral aprobó en lo general el PEF, con 312 votos a favor, 154 en contra y cero abstenciones, tras casi tres horas de discusión, en una sesión que inició a las 12:07 horas del domingo.

El presupuesto aprobado prevé un gasto neto total de cinco billones 838 mil 059.7 millones de pesos para el próximo año, cifra mayor en 23 mil 768 millones de pesos al proyecto del Ejecutivo Federal en su propuesta de paquete económico que envió al Congreso el 15 de diciembre pasado.

Este monto es resultado de reasignaciones por un total de 40 mil 524.7 millones de pesos, así como reducciones por 16 mil 756.7 millones de pesos, de acuerdo con lo avalado por los diputados.

El gasto para los ramos administrativos quedó en un billón 136 mil 594.4 millones de pesos, con 27 mil 202 millones adicionales al proyecto del Ejecutivo y un incremento de 4.3 por ciento con relación al Presupuesto de 2018.

Los ramos administrativos más beneficiados en 2019 con mayores recursos respecto al Presupuesto de 2018, son las secretarías de Energía con 960.9 por ciento; del Trabajo y Previsión Social con 931.6 por ciento, y de Turismo con 115.9 por ciento.

En contraste, las secretarías con mayores reducciones son: de Educación Pública con 27.2 por ciento; Comunicaciones y Transportes con 24.2 por ciento, y Medio Ambiente y Recursos Naturales con 20.6 por ciento.

Para los Ramos Generales, el presupuesto para el siguiente año quedó en tres billones 224 mil 800.8 millones de pesos para 2019, monto superior en 772.1 millones al proyecto del Ejecutivo.

De este monto, 735 mil 758.5 millones corresponden a Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, los cuales recibieron recursos adicionales por mil 736.4 millones de pesos.

En tanto, los Ramos Autónomos registraron las mayores reducciones respecto al proyecto del Ejecutivo, con tres mil 428.9 millones de pesos menos, para quedar en 97 mil 511.9 millones de pesos.

A su interior, al Poder Judicial fue al que mayores recursos se le redujeron, con mil 700 millones de pesos, para quedar con un presupuesto de 63 mil 656.7 millones de pesos.

Los integrantes del Poder Judicial de la Federación que asumieron su función a partir de 2010 o después, conservarán sus respectivas remuneraciones, aun cuando éstas son superiores a la del Presidente de la República.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá 950 millones menos, con lo cual su presupuesto quedó en 15 mil 363 millones de pesos.

En tanto se prevé que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tenga una baja de 300 millones y un gasto de 697.3 millones de pesos.

En el Ramo 40, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se le disminuyeron 500 millones de pesos, para quedar con un gasto de 12 mil 129.7 millones de pesos, mientras que en el Ramo 32, para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la baja fue de 277.2 millones de pesos, con lo que su presupuesto quedó en dos mil 695.8 millones de pesos.

De los llamados “proyectos prioritarios”, el PEF 2019 considera recursos por cerca de 252 mil millones de pesos para 18 proyectos, entre los que destacan la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (100 mil millones de pesos) y Jóvenes Construyendo el Futuro (44.3 mil millones de pesos).

Al Tren Maya se le asignaron seis mil millones de pesos, de los cuales, 180 millones de pesos corresponden a los estudios de pre-inversión, y la diferencia (5.8 mil millones de pesos) para provisiones para el desarrollo del proyecto.

Para proyectos aeroportuarios, se propone una asignación de 18 mil millones de pesos en provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a las diputadas y diputados apoyar el dictamen.

“Este será un presupuesto nuevo para un gobierno nuevo”, se hace realidad uno de los reclamos nacionales más importantes que es la exigencia de reducir los costos de los gobiernos y que exista un gasto racional y eficiente, expresó.

“Se decidió reducir el costo del gobierno de la República, con todas sus dependencias y organismos, en más de 20 mil millones de pesos, y terminar con un gigantismo administrativo que atrofiaba la prestación de los servicios públicos y que se encontraba totalmente alejado de las exigencias que la ciudadanía tenía para lograr un gobierno ágil y eficiente”, agregó.

En los posicionamientos, Juan Carlos Romero Hicks (PAN) mencionó que el dictamen es partidario, clandestino y lleno de ocurrencias.

“La mayoría que reconocimos por obtener 43.58 por ciento (del sufragio) ha claudicado a poder hacer las cosas bien, lo que estamos viendo es un documento que no se construyó en la Cámara de Diputados, sino en la Secretaría de Hacienda, lo cual es una intromisión republicana“, dijo.

Añadió que el primer presupuesto de esta administración es autoritario, unipersonal, asistencialista, viola la autonomía de poderes, es opaco y discrecional, pues se gasta y no invierte, sacrifica empleo, ciencia, tecnología e innovación, y no tiene un gramo de federalismo; además, quiere desmantelar los órganos autónomos del Estado; prueba de ello, es que ha realizado un presupuesto reducido para estas áreas.

Si bien el líder de los diputados federales del PRI, René Juárez Cisneros, coincidió que es un acierto apoyar a las personas de la tercera edad en pobreza y jóvenes que necesitan una beca para poder terminar sus estudios, a quienes tienen su deseo de empezar trabajar o a quienes tienen una discapacidad, observó que la gente del campo no tiene los recursos suficientes.

En tanto, la diputada Fabiola Loya Hernández (MC) estimó manifestó que los esfuerzos tributarios de estados y municipios no se ven reflejados de forma equitativa en el dictamen.

Asimismo, apuntó, se debilitan las instituciones que representan un contrapeso al Ejecutivo, tales como el Poder Judicial y órganos autónomos. También vulnera políticas para el desarrollo económico, la investigación y fortalecimiento del cambio.

Javier Salinas Narváez, el PRD, consideró imperante la reorientación de la política social, para acabar con la pobreza, marginación y desigualdad.

Comentó que la corrupción y los abusos de poder son vicios que deben quedar enterrados en el antiguo régimen; “este PEF es la oportunidad de la izquierda para demostrar que no sólo sabe gritar, sino conciliar, y no sólo demandar, sino administrar. Anuncio que los legisladores del PRD votarían con conciencia y libertad”.

El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) manifestó que los legisladores de su bancada serán implacables en la aplicación del PEF. “Es muy importante que lo aquí avalado se ejecute, porque tan grave es la corrupción como los subejercicios”.

Señaló disminuciones de más de 32 por ciento al rubro ambiental, aunque reconoció programas como el de apoyo a adultos mayores y a jóvenes.

Por su parte, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) indicó que los programas sociales asignados para los pobres sólo sirven para repetir la fórmula clientelar asistencialista del pasado.

La ciudadanía no vive sólo de subsidios, requiere de educación, trabajo digno, seguridad social, caminos rurales y carreteras; acceso al agua potable, servicios públicos, entornos seguros e incluyentes, y proyectos que detonen el desarrollo y nada de eso tiene este presupuesto”, manifestó.

Al fijar su postura en contra, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI) subrayó que el PEF no tiene un consenso y carece de prioridades en infraestructura.

Expuso que hay una reducción de 13 por ciento en términos reales para el campo; de 20 por ciento en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de 25 por ciento en los subsidios a estados y municipios que se destinan a combatir delincuencia organizada.

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