INAI visitará oficinas de PGR para revisar si incumplió la ley al usar software Pegasus: Joel Salas

por Redacción AN / RM-L noviembre 26, 2018 2:56 pm

El INAI requerirá la documentación e información necesaria vinculada con el presunto espionaje y podrá visitar las oficinas de la PGR y revisar sus bases de datos, pero no las de Sedena, pues no tienen los elementos necesarios para hacer la solicitud.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) realizará una verificación del software Pegasus, luego de que recientemente la organización Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, Canadá, informó que el uso de este software, supuestamente utilizado por el gobierno mexicano para espiar a periodistas y activistas, sigue activo.

En entrevista para #AristeguiEnVivo, el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, informó que el viernes pasado el pleno del organismo aprobó por unanimidad iniciar el proceso de investigación oficiosa que le permite hacer un “análisis total” sobre Pegasus, un malware desarrollado por una empresa israelí y adquirido a través de la Procuraduría General de la República (PGR), el Cisen y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El INAI requerirá la documentación e información necesaria vinculada con el presunto espionaje y podrá visitar las oficinas de la PGR y revisar sus bases de datos, pero no las de Sedena, pues no tienen los elementos necesarios para hacer la solicitud.

“Por el momento sólo a la PGR porque es la única instancia de seguridad nacional que nos confirmó que tuvo contrato con NSO Group para hacer uso de Pegasus”, informó Salas Suárez.

El comisionado detalló que hasta el momento el personal técnico del Instituto ha realizado un análisis previo, basado en la información proporcionada por Citizen Lab, que le permite continuar con la investigación. El siguiente paso, aseguró, será ir a las instalaciones de la PGR en los próximas días, es decir, que podría suceder cuando entré en funciones el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dentro de la reforma de Transparencia, existe una obligación la cual establece que toda ente de seguridad pública que haga uso de intervenciones telefónicas “tiene que dar el número estadístico para así confrontar si intervino y a quienes supuestamente intervino.

“También si lo hizo con autorización judicial, si no evidentemente hay un uso indebido de datos”, agregó.

En caso de que haya autorización judicial, Salas dijo que se evaluará si el uso del software espía “fue proporcional en términos de licitud y sensibilidad de los datos que se están tratando (…) el software Pegasus es sumamente invasivo, no hay privacidad“.

Salas recordó que la revelación del espionaje hizo que las organizaciones de la sociedad civil que participaban en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) salieran de esta iniciativa ante la pérdida de confianza de las autoridades mexicanas.

“El primer paso para intentar restaurar la confianza es saber qué pasó. En cualquier estado democrático no podría prevalecer una duda de ese tamaño de si fue el gobierno o una empresa, eso lastima por completo el tejido de nuestra democracia (…) y eso ha generado una pésima reputación en la imagen del país a nivel internacional”, sostuvo.

PGR e INAI chocan por caso Odebrecht

Luego de que la PGR anunció que no abrirá el caso Odebrecht pese a orden del INAI y lo clasifica 5 años bajo el argumento de que se daña el nombre de los involucrados, el comisionado Salas aseguró que la dependencia tiene la obligación de transparentar el expediente y no tiene facultades para contradecir una resolución del organismo autónomo.

Además, dijo que en dado caso, le correspondería al próximo gobierno decidir si mantiene el caso cerrado o cumple lo que el INAI le ordena.

“En determinado momento, si se ratifica la instrucción que nosotros damos ante el incumplimiento de los actuales, nosotros tenemos que actuar con quien este para que se cumpla con un acto de autoridad que ya dio el INAI”, dijo el comisionado.

Salas dijo que se aplicarán “medidas de apremio” a la PGR por negarse a entregar la versión pública del caso Odebrecht, que implicarían una multa por 1,500 UMAS, es decir, de entre 150 y 200 mil pesos.

Para el INAI es importante abrir la información de un asunto que está en proceso judicial, como lo es el caso Odebrecht, por una situación de interés público.

“El derecho al acceso a la información que lo vemos en el caso de Odebrecht y el derecho a la protección de datos personales que lo vemos en el caso Pegasus. Eso sin duda es un avance democrático que ha habido en el país y es fundamental que prevalezca”, sostuvo.

Aquí la entrevista completa:

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